En
el campo de la cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil,
la Ley
29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil
viene a llenar un vacío interno derivado de la ausencia en España de un régimen
legal común en este sector. La idea de la cooperación jurídica internacional
debe diseñarse como un medio efectivo para facilitar la tarea a los órganos
jurisdiccionales en su función de administrar justicia, permitiéndose así la
efectividad en el plano internacional de la tutela judicial efectiva.
El
procedimiento de exequátur es una de las piezas claves de esta nueva Ley, que
entró en vigor el 20 de agosto, y es una de las áreas más necesitadas de
reforma en nuestra legislación interna dado que se encontraba regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil de
1881 en los artículos 951 a
958, no coordinándose con la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Si
hablamos del exequátur como
procedimiento judicial, es aquel procedimiento que tiene por objeto reconocer
la validez de una sentencia dictada por un Tribunal extranjero y por tanto
permitir su ejecución en un Estado distinto del que se dictó la misma.
Hay
que destacar que no es un nuevo procedimiento en el que se entre a resolver
nuevamente el fondo del asunto, pues no se trata de una revisión de la Sentencia dictada en el
extranjero. Es un procedimiento en el que simplemente se verifica que la sentencia
extranjera cumple los requisitos para que sea válida y por tanto sea reconocida
y ejecutada en España.
En
el ámbito de la Unión
Europea , cuando se trate de reconocer y ejecutar una
Sentencia dictada por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea , se
aplica el Reglamento (CE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y
la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, pues
sigue rigiendo el principio de supremacía de las normas comunitarias sobre la
normativa interna.
Sin
embargo, respecto a las sentencias emanadas de terceros Estados, estos es,
aquellos que queden fuera del ámbito de la Unión Europea
Por
ello, para que la resolución extranjera pueda producir en España los mismos
efectos que en el Estado de origen, es necesario estar a una serie de
requisitos relativos al reconocimiento y ejecución de la resolución extranjera:
- Que la resolución extranjera sea firme, es decir, que no quepa un recurso ulterior en el país de origen, teniendo la resolución fuerza ejecutiva.
- Que la resolución extranjera no sea contraria al orden público español.
- Que la resolución no se hubiera dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las partes, teniendo especial consideración que se dictara sentencia en rebeldía o con imposibilidad de emplazamiento.
- Que no se hubiere pronunciado sobre una materia de competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales españoles.
- Que la resolución no sea contraria a otra ya dictada con anterioridad por los Tribunales españoles o por otro Estado, cuando esta última resolución reuniera las condiciones necesarias para su reconocimiento en España; o que existiera un litigio pendiente en España entre las mismas partes y con el mismo objeto, iniciado con anterioridad al proceso en el extranjero.
Cumplidos
los requisitos, se iniciará el procedimiento de exequátur mediante demanda a
instancia de cualquier persona que acredite un interés legítimo. La demanda de
exequátur y la solicitud de ejecución podrán acumularse en el mismo escrito. No
obstante, no se procederá a la ejecución hasta que se haya dictado resolución
decretando el exequátur.
El
demandado podrá acompañar a su escrito de oposición los documentos, entre
otros, que permitan impugnar la autenticidad de la resolución extranjera, la
corrección del emplazamiento al demandado, la firmeza y fuerza ejecutiva de la
resolución extranjera.
El Ministerio Fiscal intervendrá
siempre en estos procesos, a cuyo efecto se le dará traslado de todas las
actuaciones.
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