El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de septiembre un
decreto-ley recuperando un tipo mínimo en los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. El aumento
será del 12% al 23% con el objetivo de recaudar 8.000 millones de euros más. Dicha figura fiscal fue suprimida por
el Gobierno este mismo año y que ha generado un notable agujero fiscal. Entre
2012 y 2015, el gravamen mínimo era del 12% del resultado contable y afectaba a
empresas con una cifra de negocio superior a 20 millones.
Ahora, el tipo
mínimo será del 23% y se aplicará a empresas que facturan más de 10
millones de euros. Ello ha generado un gran malestar entre las empresas porque el Gobierno en ningún momento
había planteado bajar el umbral. Hacienda había estimado en un primer momento
que la subida fiscal afectaría a unas 4.500 empresas y, finalmente, serán 9.000
sociedades las que verán aumentada su factura fiscal. En el caso de los bancos
y las petroleras, el gravamen mínimo será del 25%.
La intención del
Gobierno es que el incremento de los pagos fraccionados se aplique ya desde el
mes de septiembre y, por ello, el decreto-ley se publicó el viernes en un BOE
extraordinario. La norma deberá ser convalidada por el Congreso
de los Diputados en el plazo de 30 días. En cualquier caso, su aplicación es
inmediata. En el caso de que no se obtuviera el visto bueno del Parlamento, el
decreto-ley desaparecería del ordenamiento. Por lo tanto, si el Congreso no lo
convalida, la medida no se aplicaría en el pago fraccionado de diciembre.
El ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, insistió en la idea de que no
se trata de una subida fiscal, sino que simplemente es un
anticipo. Así, las empresas abonan más dinero en los pagos fraccionados y,
cuando presenten la declaración anual el próximo año deberán asumir una cuota
tributaria menor o tendrán derecho a una devolución. Sin embargo, el tipo
mínimo se mantendrá varios años y ello provoca que la medida del Gobierno
equivalga a efectos prácticos a
una subida fiscal.
CEOE emitió un
comunicado criticando la medida y señaló que elevar los anticipos implica que
“las empresas financiarán al Estado a un tipo cero”. La patronal denunció
que el dinero que se adelante a la Agencia Tributaria no “podrá ser dedicado a
la inversión” y tendrá un impacto negativo sobre el empleo.
Montoro señaló que el
gravamen mínimo en los pagos fraccionados estará vigente hasta que el
déficit baje del 3% del PIB, un hecho que no se producirá como mínimo
hasta 2018. La experiencia indica que este tipo de medidas suelen prolongarse.
Por otra parte,
Hacienda también ha modificado la fórmula de cálculo del pago fraccionado a las
empresas que facturan más de diez millones. Hasta ahora, abonaban un
17% de su base imponible y, a partir de ahora, pagarán el 24%. El tipo mínimo
entrará en vigor si el resultado de esta operación da una cuota a pagar que es
inferior al 23% del resultado contable.