El presidente del gobierno fue agredido el pasado miércoles durante un paseo electoral en Pontevedra por un joven de 17 años que se le acercó y le propinó un puñetazo en la cara, el cual le rompió las gafas.
El
Juzgado de Instrucción 1 de Pontevedra, en funciones de guardia, ha acordado
este jueves el internamiento cerrado del menor, por un periodo máximo de seis
meses, salvo que su comportamiento aconseje que pase a una prisión de adultos.
Ha pasado casi once horas en dependencias judiciales. El agresor fue sometido
al interrogatorio del fiscal de menores y fue evaluado por un psicólogo y un
trabajador social.
La
pena que recaiga sobre el agresor dependerá en gran medida de su condición de menor.
En
caso de que el agresor hubiera cumplido 18 años, podría costarle varios años en
la cárcel. El Código Penal establece por ‘los atentados contra la autoridad,
sus agentes y funcionarios públicos’, una pena de prisión de uno a cuatro años
y una multa de tres a seis meses.
Pero
se elevan las posibles penas hasta los seis años y multa de seis a doce meses
al ser la víctima un miembro del Gobierno.
En
este caso particular se impide aplicar este criterio debido a que se trata de
un menor, y se sustituye por el establecido en la Ley Orgánica 5/2000,
regulada por la responsabilidad penal de menores. En esta norma la pena va
desde el ingreso en un centro de menores por internamiento cerrado, semiabierto
y abierto o el juez puede establecer prestaciones a la comunidad. El joven
podría ser internado en un centro de menores por régimen cerrado por un período
de máximo seis años, los penalistas apuntan a que el castigo no será tan duro.
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