La hucha de las pensiones, o lo que es lo
mismo, Fondo de Reserva de la Seguridad Social, ya tiene fecha límite. Según
los cálculos del propio Gobierno, el déficit acumulado habrá dejado casi vacía
esta hucha para diciembre de 2017 haciendo imposible el abono de la
paga extra de Navidad.
Así
se extrae del Plan Presupuestario 2017 que el pasado 15 de octubre envió el
Ejecutivo a Bruselas. En este documento se señala que la Seguridad Social registrará un déficit del
1,7% del Producto Interior Bruto (PIB). Esto, además de incrementar de
manera notable el anterior objetivo del 1,1%, provocará una desviación de casi
19.000 millones de euros, es decir, la mayor de la historia.
Como
consecuencia, el Fondo, que a cierre de 2015 contaba con 32.481 millones, se quedará en poco más de 13.500 millones a
finales del presente año. Con esta exigua cifra, la hucha deberá
afrontar el ejercicio 2017, el cual el Gobierno estima que tendrá un déficit
del 1,4%. Teniendo en cuenta que el PIB ascenderá a 1,157 billones, la nueva desviación superaría los 16.000 millones. El Fondo se
quedaría en números rojos y no podría completar la paga de final de año.
Así,
si se confirman estas cifras aportadas por el Ministerio de Economía, que en el
caso de 2017 se especifica que son previsiones, se cumpliría lo que en numerosas
ocasiones se advirtió: el actual sistema de pensiones no es sostenible.
Una
de las posibles solucione sería financiar las pensiones no contributivas,
principalmente las de viudedad y orfandad, mediante impuestos. Esto
proporcionaría un ahorro cercano a los 23.000 millones de euros al año y
permitiría la sostenibilidad del sistema, que en los últimos años ha sufrido la
fuerte moderación salarial de España.
La
caída de las rentas medias y altas ha rebajado las cotizaciones sociales además
de la recaudación por IRPF y, en consecuencia, ha obligado al Estado a acudir
de manera recurrente al Fondo de Reserva. La última ocasión fue el pasado mes de julio, cuando se sacaron
9.700 millones de la hucha dejándola en 24.167 millones. Teniendo en
cuenta esta cifra y los datos enviados a la Comisión Europea, el Gobierno
retirará todavía otros 9.200 hasta final de año.
